Incapacitación Judicial

Cuando una persona no puede valerse por sí misma para desarrollar su vida cotidiana, bien porque sus capacidades han mermado drásticamente o bien, porque siempre ha carecido de ellas, se hace necesario que otra persona actúe en su nombre en todos los aspectos legales que pueda necesitar, así como que atienda sus necesidades.

Esta cuestión se apoya en el derecho de toda persona enferma o con futura previsión de enfermedad, a ser protegido y tutelado para una mejor protección tanto en sus derechos como en sus deberes.

El nombramiento de la figura del tutor debe darse con todas las garantías para que no se trate de una situación de abuso. Confía en nuestra experiencia. Velamos por sus intereses.

Nuestros expertos te asesorarán durante todo el procedimiento de incapacitación. Te recomendamos que nos facilites los informes médicos de los que dispongas para acreditar la falta de autonomía y el grado de incapacitación de la persona en cuestión.

En nuestra firma velamos por los intereses de las personas incapacitadas procurando la idoneidad del tutor propuesto.

Tras determinar los aspectos básicos del proceso de incapacidad, se debe solicitar judicialmente la incapacitación de nuestro familiar o de la persona a cargo. Nuestra recomendación es que confíe a nuestros expertos los trámites de la incapacitación judicial ya que se trata de un procedimiento complejo y con grandes repercusiones legales.

El grado de incapacitación se sustancia en la sentencia judicial en virtud de aquellos informes aportados, declaraciones de los familiares, valoración personal del juez y la entrevista con el equipo forense del juzgado.